Inútil esperanza del contribuyente

La diversidad de opiniones sobre el origen de los nuevos recursos es tan pronunciada como lo es de disparatada la mayoría de los argumentos que se manejan para justificarlas. La necesidad de lograr más recursos para cubrir un presupuesto con mayores gastos en 2014 ha llevado a numerosas propuestas de diferentes sectores oficialistas y de otros de la atomizada oposición política. La diversidad de opiniones sobre el origen de los nuevos recursos es tan pronunciada como lo es de disparatada la mayoría de los argumentos que se manejan para justificarlas. Ampliar la base de aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), subir la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) y aumentar las tasas del Impuesto al Patrimonio (IP) para los patrimonios mayores o gravar con más Impuesto Específico Interno (Imesi) al consumo de determinados bienes suntuarios, son las avenidas por las que bregan los políticos insaciables en su afán proteccionista de las clases populares con ingresos menores o, vaya uno a saber pero sí imaginar, en su afán por mantener el apoyo electoral, transitorio, de los menos castigados. Inconsistencias. En nuestro país son esos cuatro impuestos los que más recaudan. Existe una notable inconsistencia de ellos entre sí. Sea por el lado de la propia naturaleza de algunos de esos tributos, o por la dimensión de la tasa del gravamen. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el que más recursos provee a la Tesorería General: 51% del total de la recaudación bruta de la DGI. El IRPF es el segundo en recaudación: 1.546 millones de dólares y no 200 millones como se había previsto al momento de su creación, o 14,6% del total. Luego el IRAE que contribuye con el 14,5%, el Imesi con el 10,6% y el IP con el 5,5%. Existe probada inconsistencia entre el IRPF y el IRAE con el IP. El patrimonio que se grava con el IP es el resultado de la acumulación de los ingresos netos que resultan de los ingresos brutos ya gravados por el IRPF o el IRAE. Se vuelve a gravar lo ya gravado y algunos, ahora, quieren aumentar la tasa de ese impuesto aun cuando castigue más al patrimonio acumulado a lo largo de la vida laboral y empresarial. Una clara inconsistencia para provocar una transferencia de ingresos hacia sectores probablemente más proclives a pensar menos y a votar más a quienes les brindan dádivas sin contrapartida. Pero si hay inconsistencias entre esos tres impuestos de importancia relativa significativa en la recaudación de la DGI, no menos importante es la inconsistencia entre a quiénes alcanza y a quiénes no y entre las tasas de esos impuestos y la del IVA. Estamos acostumbrados a escuchar tanto de fuentes internas como de opinantes del exterior sin cabal conocimiento de lo que es la realidad impositiva de nuestro país, que la tasa del IRPF y la tasa del IRAE son relativamente bajas a nivel internacional o que, en el exterior, en otros países, hay tasas aún mayores. Lo que no se agrega, porque no se sabe o porque sabiéndose existen otros motivos escondidos para no decirlo, es que es no solo inconveniente en el mediano plazo sino hasta inmoral, tener tasas del IVA también en doble dígito, el primero de los cuales no es uno. Agregando las tasas del IRPF por ejemplo, con la del IP y las del IVA además de la del Imesi en combustibles y en otros bienes de consumo, la presión impositiva es tremendamente alta. Y es aún mayor si consideramos que la base imponible de pagos obligatorios como el Impuesto de Primaria y los comunales como la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Rodados tienen fuerte componente impositivo. Y todavía mayor cuando se consideran los cuasi tributos que están incorporados en las tarifas públicas. Agregar más presión con subas de tasas de los impuestos indicados es facilismo, es inmoralidad, es clientelismo electoral. Es facilismo porque no se consideran otras avenidas mucho más eficientes para encontrar el financiamiento de las dádivas estatales; es inmoral porque es para regalar sin contrapartida para el contribuyente y es por ello, además, que tiene claras connotaciones de clientelismo electoral. Dar para recibir. Es indisputable que se exijan obligaciones cuando se conceden derechos. Cualquier gobierno debe recaudar para asegurar necesidades básicas a los sectores de la ciudadanía que no las tienen satisfechas. De ese modo, se provoca una externalidad positiva para el resto de la población: la salud mejora, la seguridad es mayor y la educación contribuirá cada vez más a la eficiencia productiva y a la producción. El problema surge cuando se observa que si bien los contribuyentes están de acuerdo con ello y cumplen con su deber y dan, la contrapartida no existe y entonces no reciben; cumplen con sus obligaciones pero no usufructúan los derechos básicos que deben obtener de otras fuentes, agregando nuevos costos a su diario vivir. Tal vez por una deformación de economista, uno siempre tiende a observar el costo de oportunidad y las externalidades positivas o negativas que tienen determinadas acciones de las autoridades nacionales. Cuando uno con esas características escucha entonces sobre las bondades de una tributación mayor para mejorar la distribución del ingreso o aún de la riqueza, algo sobre lo que al menos semánticamente no hay distinción no obstante las diferencias en lo que es distribuir mejor un flujo (ingresos) con lo que es distribuir mejor un stock (riqueza), de inmediato piensa en los costos y los beneficios en ese sentido. Y de inmediato también uno se pregunta si gravándose más al subir tributos en la Rendición de Cuentas para recaudar más el año entrante, el peso o costo de ese gravamen adicional se verá acompañado por una mejora en la educación, en la salud y en la seguridad que de alguna manera compense a quienes deberán tributar más. Y eso, como en ocasiones anteriores de subas de tributos no solo no está asegurado sino que es altamente probable que no ocurra. Si alguien tiene pruebas que ello sucederá, no las ha brindado. Podemos ponerlo de una manera mucho más descarnada. Quienes recibirán los recursos que algunos tributarán en más, ¿aseguran la compensación que hoy los más gravados esperan?, ¿o nuevamente será otro avance que tendrá tan solo un respiro anual antes que el otro se concrete? Quienes reciben recursos redistributivos de ingresos para mejorar su bienestar pueden o no lograrlo en mayor medida que lo que pierden los que tributan, pero no están siendo preparados para que, más adelante, sean ellos quienes también contribuyan a mejorar el ingreso de quienes como ellos hoy estarán en el futuro. Además, una evaluación de ese tipo no será rebatida ni por los propios impulsores de la redistribución. Cuando haya una verdadera y objetiva evaluación de los efectos económicos de la voraz presión fiscal y comunal actual es muy probable que el resultado sea negativo. Mientras no se haga viviremos en un país con contingentes crecientes de población que dependerán más de las transferencias intersectoriales de ingresos que de su propio trabajo. Jorge Caumont www.elpais.com.uy